El sistema de salud público, si bien considera los contextos para atender, prestar y diseñar acciones-servicios en pro del bienestar de las personas, se ha visto desbordado en el país por la situación crítica de violencia y de precariedad de su capacidad de personal e infraestructura.
Lo anterior exige pensar en términos de salud pública, los determinantes sociales desde la comprensión del cuidado comunitario, del reconocimiento mutuo y la corresponsabilidad. En general, este tipo de violencias suelen tomarse desde su implicación legal penal, dejando de lado las implicaciones que en salud tienen y, sobre todo, demuestran sobre el cuidado de la vida, de la integridad física y mental de las personas.
Este tipo de hechos relacionados con la violencia se presentan en mayor grado en contextos de pobreza e inequidad, a los que se suman aspectos de racismo, xenofobia y machismo. Incluso, las víctimas suelen ser personas que han pasado repetidamente por dinámicas de violencia en las zonas que habitan de forma cotidiana, enfrentándose diariamente a condiciones precarias de vida y a un contexto social hostil que, hasta el momento, no ha encontrado mecanismos profundos para cerrar los ciclos de violencia en el país.
Violencia en cifras
¿Está preparado el sistema de salud pública en Colombia para atender el conflicto armado en cualquier parte del territorio?
Según el informe de INDEPAZ de septiembre de 2022, en Colombia se han registrado 79 masacres con 250 víctimas, frente a las 96 masacres con 338 víctimas reportadas en 2021 y 91 masacres con 381 muertos en 2020, con un patrón de mayor incidencia regular en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios a julio de 2022, se han presentado 349 feminicidios, siendo Antioquia, Bogotá y Atlántico, los departamentos con mayor número de víctimas con 49, 40 y 38 respectivamente; reportando que los victimarios suelen ser personas conocidas, bandas relacionadas con el narcotráfico y sicarios; y las mujeres en su mayoría estaban entre los 25 y 40 años de edad.
Ir más allá de la preocupación punitiva, para invitar a la academia, la sociedad civil, las organizaciones sociales, las entidades públicas a explorar estos fenómenos violentos desde la salud pública, abren la posibilidad de buscar causas y soluciones integrales a una forma de convivir en el país.
