Natalia* no solo tuvo que atravesar la interrupción de su embarazo, sino el trato inhumano de una reconocida clínica de Cartagena, a la que acudió para practicarse el procedimiento bajo el amparo de la Ley colombiana: la gestación ponía en peligro su vida y salud y esto estaba certificado por su médico tratante.
Nadie más que ella sabe lo que atravesó años antes, en su anhelada búsqueda de un hijo y el sentimiento de tristeza y frustración que sintió cuando, en medio de un tratamiento para dolores crónicos en sus articulaciones, le dieron la noticia de que estaba embarazada. Por si fuera poco, Natalia tiene varios miomas de gran tamaño en su útero, que deben ser extirpados porque imposibilitan el avance de un embarazo.
En esta clínica nadie le preguntó nada, no le pidieron historia clínica ni se interesaron por saber las condiciones que rodeaban el procedimiento que debía hacerse.
“Siento que me querían transmitir un sentimiento de culpa, y yo ya me sentía mal por todo lo que me estaba pasando. No hay un trato digno hacia la mujer. Puse una queja formal y voy a dar mi pelea para que esos protocolos cambien”, adelanta Natalia.
Antecedentes
Natalia es una joven profesional de Cartagena cuya vida desde hace unos meses se alteró debido a un dolor (aún) desconocido en sus articulaciones, que la ha llevado a visitar gran cantidad de médicos especialistas. En medio de esta búsqueda, Natalia también afronta la presencia de una decena de miomas uterinos (algunos de gran tamaño) para lo cual le dieron incluso orden de cirugía.
Hace unos meses, tras la visita a neurólogos, reumatólogos y demás, le diagnosticaron una posible neuropatía y le recomendaron suspender los anticonceptivos que estaba usando por ser vasodilatadores. No se descarta un tema vascular, así que le recomendaron no embarazarse.
Natalia fue al ginecólogo, quien cambió sus anticonceptivos por unos compatibles a su tratamiento para el dolor articular, sin embargo en esa semana de cambio de método, se enteró que estaba embarazada.
“Esa semana todo pasó. Tuve una crisis fuerte de dolor articular, usaba flavonoides. Tenía ansiedad, experimenté los síntomas del embarazo y me empezaron a salir manchas muy oscuras en el cuello”, cuenta Natalia. En quince días bajó 15 kilos de peso, pero pese a todo, llegó a esperanzarse con su embarazo.
Natalia decidió activar su ruta de aborto seguro pero para ello debía esperar una ecografía que, en su Eps, le dijeron que estaba disponible meses después. Meses que representaban un avance del embarazo y quién sabe cuántas complicaciones más.
Días después, tras un sangrado fuera de lo común, visitó a un ginecólogo de confianza quien le mostró con una ecografía que el feto presentaba condiciones extrañas: habría malformación. Además, debido a los miomas, el embarazo no podría llegar a culminarse.
Estas situaciones tan ajenas a la esperanza que tenía Natalia, las conoció el ginecólogo de su Eps quien le dijo que ella podía activar la ruta de aborto seguro. Pero él se negó a tramitar esa solicitud; le dijo que visitara a otro médico para hacerlo.
La historia, un camino tropiezos
Natalia decidió activar su ruta de aborto seguro pero para ello debía esperar una ecografía que, en su Eps, le dijeron que estaba disponible meses después. Meses que representaban un avance del embarazo y quién sabe cuántas complicaciones más.
Entonces Natalia decidió activar la ruta con Profamilia para lograr lo antes posible la interrupción de su estado. Eso sí, le dijeron que necesitaba una autorización de su Eps.
Hecho el trámite, desde Profamilia le dijeron que debido a sus miomas, tenía riesgo de hemorragia así que decidieron que el procedimiento fuera intrahospitalario. A petición de Natalia sin embargo, le aprobaron el procedimiento farmacológico en casa.
Llegó el día y después de tomarse la primera pastilla para poder abortar, Natalia experimentó debilidad y se desvaneció en los brazos de su pareja. “Esa noche sentía que me iba, el dolor articular se incrementó”, cuenta.
Con la presión arterial por el suelo, familiares de Natalia la llevaron a un reconocido hospital en la zona norte de Cartagena donde recuerda que le preguntaron qué religión profesaba y si era casada o soltera. Allí le hicieron una ecografía y confirmaron que pese a todo lo que hizo Natalia, todavía había latidos, tras lo cual la doctora que la atendió le dijo que no podían atenderla en esa clínica y procedió a trasladarla a otro lado de la ciudad.
Horas después la trasladaron a la clínica de su Eps, donde le dijeron que “ya la estaban esperando”. Y aquí es donde Natalia conoce lo difícil que es abortar, amparada por la Ley, en Cartagena.
En la clínica de su Eps
“Me sientan en un mueble y le dicen a mi acompañante que me tiene que ver un ginecólogo y una psicóloga para ver si de verdad soy apta para que me hagan la interrupción, que teníamos que empezar el procedimiento desde cero”, recuerda Natalia.
Ella se levanta, con dolor y se dirige a la médico y recepcionista para contarles que es que ella ya está en la mitad del procedimiento de interrupción, ante lo cual le dicen que igualmente no pueden hacer nada porque el único médico de la clínica es objetor de conciencia y no pueden obligarlo a que dé la autorización, que había que esperar al Doctor M. para ver “qué decía él”.
La objeción de conciencia en medicina es la negativa de un profesional a realizar un acto médico o a cooperar directa o indirectamente a su realización porque aunque sea aprobado por la Ley, es considerado por el profesional como contrario a la moral en su opinión personal.
A este punto, no le pidieron su historia clínica ni papeles para revisar la situación por la cual ella estaba en el hospital o para conocer el procedimiento previamente autorizado.
Natalia estaba en shock. Al final de la sala de Urgencia recuerda que había una camita donde la acostaron.
El miedo de Natalia no le impedía saber que un ginecólogo era quien debía avalar su procedimiento farmacológico. Le dijeron que esperara al Doctor M al día siguiente, sin embargo esa noche la llamaron para que fuera con el ginecólogo objetor.
“El señor me dice que si es mi decisión, que lo podía hacer amparado por la Ley, pero que él no podía encargarse porque era objetor de conciencia, que era el Doctor M quien debía dar la orden. Lo miré, levanté mis hombros y le dije que no me estaba diciendo nada que me ayudara, era innecesario que él me dijera eso”, dice Natalia.
Por fin, horas después, llegó una psicóloga que avaló el derecho de Natalia a abortar y minutos después apareció el ginecólogo, Doctor M.
“Le conté todo, y él un poco acelerado me dice que sí, que avalarían el procedimiento por riesgo de hemorragia así que recetó las pastillas sublinguales”, recuerda. “De las 4 pastillas sublinguales que me aprobó Profamilia, el médico de la clínica cuestionada subió a 16, lo que con un embarazo de 9 semanas era exagerado”, piensa Natalia.
Durante el tiempo en esa clínica tras tomar las pastillas, ningún médico la monitoreó. “Fue hasta el día siguiente que llegaron dos médicos diciendo que yo estaba con un aborto retenido, sin saber que yo ya había expulsado”, dice Natalia. Tras el procedimiento, por fin le dieron el alta.
Pero las horas en un mueble o una camilla, el dolor físico, la carga mental y las acciones que tuvo que tomar para ejercer su derecho al aborto en Cartagena, hicieron que Natalia se sintiera exhausta, juzgada y humillada.
“Fue un trato inhumano, me sentí juzgada, no sé si estaban molestos porque fui a hacerme el procedimiento a la clínica, o no sé. Lo peor de todo es que la objeción de conciencia no se tiene que transmitir al paciente. Los directivos de la clínica cuando llegue un caso así, deben garantizar la seguridad de la paciente, garantizar el procedimiento”, cuestiona Natalia, “una clínica que es exclusivamente ginecoobstétrica no debe imponer tantas barreras de acceso para un derecho que está estipulado por la Corte Constitucional”.
Hoy, además, Natalia experimenta dolores articulares y fuertes dolores de cabeza por lo que considera, fue un exceso de medicación. “Fueron 16 pastillas, eso fue lo que me dejó secuelas”, añade. Además, le recetaron 12 pastillas más para tomar en casa, “de las cuales solo me pude tomar dos porque no pude aguantar el malestar generado por esas píldoras”.
Ante la Personería de Cartagena, SuperSalud, Defensoría y la Eps que atendió a Natalia está una denuncia por BARRERAS EN ACCESO A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y VIOLENCIA OBSTÉTRICA. Esto busca sentar un precedente en Cartagena para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo bajo amparo de la Ley, tengan un trato digno y humanizado.
**
La Corte Constitucional desde el 2006 dio unas circunstancias especiales en las cuales las mujeres pueden interrumpir el embarazo voluntariamente en cualquier momento, estas circunstancias son:
- Cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer, lo cual tiene que estar certificada por el médico tratante.
- Cuando exista una grave malformación del feto que haga que en vida no pueda tener una calidad óptima y que pueda morir, lo cual tendrá que ser certificada por el médico tratante.
- Cuando el embarazo sea el resultado de una violación, acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial, o de transferencia de óvulo fecundado no consentido, o de incesto.
*Nombre cambiado a petición de la fuente
