La Asociación Colombiana de Salud Pública – ACSP manifestó rechazo y preocupación por los feminicidios y violencias de diferente índole, dirigidos a niñas y mujeres, que se presentan en Colombia. En lo transcurrido del 2024, según reportes del
Observatorio Colombiano de Feminicidios, va una alarmante cifra de 271 feminicidios y 193 intentos, la mayoría de ellos son cometidos por parejas, exparejas o acosadores de las víctimas.
Los feminicidios, han sido definidos en el ámbito nacional e internacional por el Comité́ de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM como: “el asesinato motivado por misoginia, con situaciones extremas de violencia con diversas formas de humillación, abandono, terror, maltrato físico y emocional, abuso sexual e incesto, entre otros” (2011).
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) de abril de 2024, el 45,4% de los hogares colombianos están encabezados por
mujeres, quienes generalmente en estos casos tienen el rol de cabeza de familia, es decir proveedora en la manutención económica del hogar, sumada a unas altas o plenas cargas de trabajo doméstico y de cuidado.
Los diferentes roles y acciones de las mujeres del territorio nacional en la construcción del tejido social y en el sostenimiento de la vida, del cuidado, afectivo, económico, de liderazgo y de fortalecimiento de las comunidades, es determinante. Por ello, la ACSP invita a todas las personas en Colombia a actuar desde sus espacios cotidianos, para generar una mayor concienciación sobre el feminicidio y sus implicaciones, prevenir de manera oportuna este tipo de hechos y brindar la solidaridad, el apoyo y soporte oportunos, requerido por las niñas o mujeres víctimas de diferentes tipos de violencias, para evitar que estas escalen y
desemboquen en fatalidad.
Justo, recientemente, el día 14 de mayo de 2024, se cumplieron 12 años del crimen contra Rosa Elvira Cely, que se convirtió en el precedente y estandarte de importantes luchas de organizaciones que se unieron para proteger la vida de las mujeres, jóvenes y niñas, lo que dio lugar, tiempo después a la ley 1761 de 2015, que penaliza los feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, por su identidad de género. Pero también, existe la ley 1257 de 2008, que propende por el derecho de las mujeres en Colombia a vivir una vida libre de violencias.
Este tipo de instrumentos legislativos deben ser socializados, conocidos y apropiados ampliamente desde los diferentes entornos, incluido el escolar a partir de los escenarios de educación preescolar, hasta la formación posgradual. Y por supuesto llegar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que a través de ellas se operativicen acciones que den lugar a la transformación cultural requerida, y así
contribuir en poner punto final a estas situaciones.
En nuestra memoria colectiva hay una lista interminable de niñas y mujeres que han sido asesinadas por cuenta de su género, entre las que se cuentan algunos casos más mediáticos que otros.
“A todas ellas les rendimos homenaje y les recordamos con alta indignación por lo sucedido. Es a ellas, a quienes sus historias, sueños y vidas, les han sido arrebatados en la última década en Colombia, ante la indiferencia social, la laxitud e impunidad del sistema
de justicia de nuestro país; pues sólo el 32% de las denuncias interpuestas por feminicidio en la fiscalía general de la Nación, han terminado en una sentencia condenatoria. La ACSP se solidariza profundamente con las familias afectadas por feminicidios y otras
violencias, reconociendo el impacto devastador en la salud y la integridad social. Nos unimos en el dolor con quienes han perdido a madres, hijas, hermanas y familiares, reiterando nuestra condena firme contra todos los tipos de abusos y violencias, destacando
nuestro compromiso con la protección de la vida en nuestras comunidades”, dice la organización.
“Ante el alarmante incremento de violencias contra mujeres y niñas de todas las edades y condiciones, la ACSP, reitera el llamado al Estado colombiano a trabajar en pro de una respuesta inmediata y efectiva. Instamos a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a
profesionales de la salud, voceros del sector educativo, lideres sociales y empresariales y representantes del sistema judicial, a no ser indiferentes y a actuar para prevenir la revictimizació , ofreciendo soporte eficaz, oportuno y respetuoso. A la vez, resaltar el papel
de los medios de comunicación, para suministrar información precisa, oportuna y veraz, en relación con los hechos, las víctimas y sus victimarios.
Recomendamos la implementación de orientaciones claras para prevenir la violencia, activando mecanismos de alerta temprana y proporcionando atención psicológica y psiquiátrica adecuada. Es esencial que las defensorías, comisarías, fiscalías y juzgados estén
bien capacitados en género y derechos humanos, conforme a lo estipulado en la ley 1761
de 2015.
“Además, subrayamos la necesidad de revitalizar y potenciar las Escuelas de Padres /Madres
tanto a nivel de instituciones públicas como privadas y de promover la Formación de Competencias Ciudadanas en apoyo a la Sana Convivencia y el bienestar en Salud mental además de los Derechos Sexuales y Reproductivos, con el respaldo del Ministerio de Educación Nacional. Estos programas son vitales para fomentar un entorno de crianza basado en el respeto y el amor y que se enfoquen en brindar herramientas para construir relaciones afectivas sanas.
Rechazamos todas las formas de violencia de género, incluyendo el acoso, la explotación y el asesinato, y afirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales a una vida libre de violencia y con acceso a la salud. Exigimos justicia rápida y efectiva para las víctimas de abuso y feminicidio, garantizando la seguridad y protección de todas las mujeres y niñas,
especialmente en aquellas que residen en zonas afectadas por el conflicto armado”.
