Cortan electricidad a Ips que ‘robaba luz’ en La Consolata, ¿cómo se cobra a centros de salud?

Pasa en los hogares, pasa en las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Afinia emitió un comunicado donde explica que: ”dentro de las actividades de inspección por parte del equipo especializado de la compañía, se evidenció una IPS en el barrio La Consolata que tenía dos equipos de medida alterados con una línea directa y una acometida subterránea, con lo que impedían que se midiera el consumo real de la energía, evadiendo de esta manera el pago del servicio”.

Así, este centro de salud en Cartagena alteraba de manera fraudulenta los equipos de medida.

¿Quién debe pagar la luz que consumen los centros de salud?
“No hay ninguna norma que, como empresa privada, ampare a las IPS a no pagar energía en Colombia”, explica Mallerlin Marimón, experta en derecho médico.

A propósito de las deudas que tienen muchos hospitales, hay que decir que estos están constitucionalmente protegidos toda vez que dentro de sus instalaciones se atiende a personas vulnerables (embarazadas, enfermos, niños). Para saldar sus deudas, Afinia por ejemplo propone el “Fondo para el pago de las entidades constitucionalmente protegidas” que permita cumplir las obligaciones de estos usuarios, en la medida en que Afinia o cualquier otro prestador del servicio, “no tienen por qué asumir ese costo”, establecen en la propuesta.

Este fondo sería el responsable de cobrar a la entidad territorial o usuario protegido.

No al robo de energía

El gerente de Afinia en Bolívar Norte, Eder Buelvas Cuello, manifestó al respecto que: “rechazamos todos los actos ilegales que afectan la normal prestación del servicio, al tiempo que hacemos un llamado a la comunidad para que denuncie a través de la Línea Afinia 115 o ante las autoridades hechos de robo que nos afectan a todos y que ponen en riesgo la estabilidad del fluido eléctrico”.

Estos actos están tipificados en el Código Penal como delito de “Defraudación de fluidos”, en el que se establecen multas que oscilan entre 1,33 y 150 salarios mínimos legales vigentes y reclusión en establecimiento carcelario entre 16 y 72 meses.

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