En distintas regiones del país, los ataques contra maquinaria y vehículos utilizados en obras civiles y labores agrícolas se han incrementado, afectando el avance de proyectos estratégicos para la economía nacional.
En el Catatumbo, grupos delincuenciales incendiaron maquinaria amarilla por presiones extorsivas; en Cauca, hombres armados destruyeron equipos vinculados a la construcción de una doble calzada; y en Jamundí, maquinaria agrícola fue quemada en medio de amenazas a los trabajadores.
Estos hechos reflejan un contexto de vulnerabilidad creciente para un sector que, según cifras del DANE, concentraba en abril de 2025 cerca del 6,6 % del empleo nacional (unos 1,547 millones de trabajadores). Si bien al cierre de 2024 el subsector de obras civiles reportó
crecimientos del orden del 8 % (en estimaciones sectoriales), en el primer trimestre de 2025
la producción de edificaciones cayó un 7 % frente al mismo periodo del año anterior. Lo anterior, evidencia una recuperación desigual, en la cual la demanda por infraestructura logra sostener ciertos avances, mientras los proyectos inmobiliarios enfrentan contracción.
Ahora bien, la coyuntura de seguridad que atraviesa el país ha comenzado a impactar de manera directa la dinámica del sector de la construcción.
En regiones del suroccidente y del oriente de Colombia, los ataques a maquinaria y equipos pesados se han convertido en un riesgo adicional que encarece la operación, retrasa la ejecución de obras públicas y erosiona la capacidad de generar empleo local y competitividad regional.
Ante este panorama, contar con mecanismos de protección y mitigación de riesgos se ha vuelto una necesidad urgente para el sector.
