La realidad habla con contundencia: la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no puede
seguir siendo ignorada.
• Entre enero y mayo de 2025, 6.846 niñas y niños fueron atendidos por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) por presunto abuso sexual.
• En la última década, el INMLCF ha examinado en promedio más de 19.000 casos por año
relacionados con violencia sexual contra niñas y niños.
• El 78% de los casos ocurrió dentro del hogar, siendo este el primer escenario en donde se
presenta este delito y el tercero (con el 3,9%) es el entorno educativo, el cual debería ser el
entorno protector y preventivo para que abusos como estos no se cometan.
• Según datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación (2010–2025), más de 530.000
personas han sido indiciadas por delitos sexuales, pero solo el 8% de los agresores son
condenados.
“Desde la Alianza por la Niñez Colombiana rechazamos enérgicamente los hechos recientes que evidencian esta recurrente problemática que afecta gravemente, no solo los derechos, sino el
desarrollo normal de nuestra infancia y adolescencia. Hay suficiente evidencia científica que muestra que este tipo de violencia tiene consecuencias devastadoras, profundas y duraderas en el desarrollo
físico, emocional y social de las víctimas, que varían en intensidad y duración, pero muchas veces son persistentes y afectan la salud mental a lo largo de la vida”, dice Omaira Orduz, secretaria
ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.
Durante el año 2024, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a 191 funcionarios
del sector educativo por casos de violencia sexual en colegios. Este mismo organismo, en una visita a
179 colegios en 2024, identificó 178 casos de violencia sexual, de los cuales en 66 instituciones se relacionó a docentes como presuntos autores.
“Se está impulsando en Colombia un proyecto de ley con enfoque preventivo en los entornos escolares, para evitar este delito. Es urgente que el Estado refuerce la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos escolares, y que capaciten al personal docente para identificar y denunciar estos casos. La escuela debe ser un lugar seguro”, afirmó Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, miembro de
Alianza.
Por su parte, la Personería de Bogotá, en el año 2022, sancionó a tres docentes del distrito por actos
sexuales con menores de edad, imponiéndoles destituciones e inhabilidades para ejercer funciones
públicas por 15, 12 y 11 años, respectivamente. En Cota, Cundinamarca, un funcionario de la Defensa
Civil fue capturado por el presunto abuso sexual de una niña indígena, quien quedó embarazada. La
denuncia surgió gracias a una institución educativa que identificó signos de violencia (El Espectador,
10 de julio de 2025).
“Es imprescindible fortalecer los mecanismos de prevención para evitar la violencia sexual, esto
requiere: educación sexual a niños, niñas y adolescentes desde temprana edad, para identificar sus riesgos; también medidas efectivas de protección a víctimas frente a los posibles agresores docentes;
contar y dar a conocer códigos de ética e incorporar en los reglamentos de trabajo causales de
terminación del contrato laboral, ante contactos inadecuados de los profesores con sus alumnos.
También se debe fortalecer el sector justicia, pues a pesar de que la Ley 2205 de 2022, creó en la
Fiscalía Unidades Especiales de Justicia de Delitos Cometidos contra niños, niñas y adolescentes, estas aún no muestran resultados. Los procesos judiciales siguen tardando ente 5 y 7 años para obtener una sentencia. A pesar de que existen rutas de atención para casos como estos, son muy pocas las regiones
donde estas son efectivas”, afirmó Omaira Orduz, secretaria ejecutiva de la Alianza.
Consecuencias devastadoras e invisibles del abuso sexual infantil
Dentro de las principales consecuencias, se encuentran: trastornos de ansiedad, fobias, ataques de pánico, ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático (TEPT), reviviscencias del abuso,
pesadillas, hipervigilancia, disociación, depresión, pensamientos suicidas, tristeza profunda, baja
autoestima, desesperanza y muchos otros trastornos e impactos en las víctimas.
Además, desde el punto de vista médico, el abuso sexual infantil también puede dejar consecuencias
físicas inmediatas y a largo plazo, al afectar el sistema neuroendocrino e inmunológico, dejar lesiones físicas, hematomas, desgarros, infecciones genitales, enfermedades de transmisión sexual (ETS), VIH, entre muchos otros.
Llamado urgente al Estado: proteger a la niñez es una obligación, no una opción
Frente a la repetición de estos hechos, las organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza por la Niñez Colombiana reiteramos nuestro llamado urgente al Estado para que:
1. Cree estrategias de prevención para la violencia sexual en los entornos educativos.
2. Impulse campañas masivas de difusión sobre los derechos de la niñez y adolescencia.
3. Fortalezca la Unidad Especial de Delitos Cometidos contra niños, niñas y adolescentes
Garantice la protección efectiva e inmediata de niñas, niños y adolescentes frente a toda
forma de violencia sexual;
4. Implemente programas especializados de atención integral con enfoque en trauma, género y
pertenencia étnica, para la recuperación de las víctimas.
Ni una niña, niño o adolescente más víctima de violencia sexual.
El Estado tiene la obligación constitucional y ética de actuar: es urgente prevenir, proteger y garantizar
justicia.
