La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de Cartagena establecimiento clave para realizar trámites legales y registrar documentos importantes de propiedad o de bienes raíces, será trasladada a una sede que no cumple con las condiciones adecuadas para la atención al público, afectando gravemente la competitividad del sector inmobiliario y la comercializadora de vivienda en la ciudad.
La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) Bolívar manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante la decisión de trasladarla de su actual sede, ubicada en una zona de fácil acceso en la ciudad.
Esta medida pone en riesgo la eficiencia de un proceso clave para la confianza del comprador de vivienda y el dinamismo económico de Cartagena. Actualmente, la ORIP de la ciudad maneja un volumen significativo de trámites, con un recaudo estimado en 200 mil millones de pesos entre 2020 y 2024, y se proyecta que esta cifra supere el billón de pesos entre 2025 y 2029, solo por la dinámica de la vivienda nueva así́ como de los proyectos inmobiliarios, según datos de Coordenada Urbana.
_“En lugar de fortalecer su capacidad operativa y mejorar el servicio, la decisión de trasladar la oficina a un sitio de difícil acceso y con deficiencias en movilidad y adecuaciones afecta directamente a miles de ciudadanos, inversionistas y empresas del sector, generando demoras, sobrecostos y un impacto negativo en la competitividad de Cartagena”, señala Irvin Pérez, gerente regional de Camacol Bolívar, quien visiona el detrimento del alcance y el servicio al cliente con esta decisión.
Por esta razón, Camacol Bolívar hace un llamado urgente a la Superintendencia de Notariado y Registro y a las autoridades competentes para tomar las siguientes acciones, con miras a un consenso:
• Reconsiderar de inmediato el traslado de la ORIP, garantizando una ubicación accesible y acorde con las necesidades de la ciudadanía y el sector productivo.
• Dotar la ORIP de Cartagena con la infraestructura y herramientas necesarias para asegurar un servicio eficiente, en línea con el impacto económico y social que representa el sector de la vivienda en la ciudad.
• Tomar medidas que fortalezcan la competitividad y el desarrollo de Cartagena, en lugar de obstaculizar procesos fundamentales para su crecimiento.
Como representantes del gremio constructor, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo urbano y económico de Cartagena y exigimos que cualquier decisión que afecte la prestación de este servicio esencial se tome con criterios técnicos y en beneficio de la ciudad y su gente.
La competitividad de Cartagena no puede verse afectada por decisiones administrativas, cuyo análisis no toma en consideración el comportamiento del consumidor y las realidades del mercado.
