La Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de estudiar un crecimiento de la obesidad mundial entre 1980 y 2014, prendió las alarmas sobre los efectos negativos en la salud que ocasiona el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados; por eso propuso en 2016 a sus países aliados incentivar y crear políticas fiscales que ayuden a reducir el consumo de estos productos para ello algunos países como Colombia, Chile, México, Perú, Estados Unidos, Francia, España, India entre otros, empezaron a implementar impuestos que desincentivaran el consumo.
En Colombia aún son pocos los avances. La investigación periodística ‘Dulce veneno, un fallo sin control’, realizada por estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo del Politécnico Grancolombiano, revela que la reglamentación en Colombia se ha convertido en una turbia realidad, nublada por más preguntas que respuestas, no solo por la escasez de políticas públicas que ataquen este fenómeno, sino también por la participación de congresistas (financiados por la industria) que impiden que se apruebe el proyecto de ley que reglamente el consumo de azúcar y productos ultraprocesados en el país.
La investigación analizó el panorama desde 2016 hasta el 2022, encontrando que en la actualidad las personas de estratos bajos son las que presentan mayores problemas de exceso de peso y obesidad. Esto se debe a que es más asequible para esta población comprar alimentos ultraprocesados y no los alimentos sanos.
“Las últimas cifras reveladas en 2015 se convirtieron en una señal de alarma en el país, ya que 6 de cada 10 personas sufren de obesidad y 1 de cada 4 niños en edad escolar también presenta problemas de exceso de peso; el 81,2 % de los colombianos consumen gaseosas, jugos artificiales o energizantes frecuentemente; el 84 % de los escolares consume una o más de estas bebidas en el día; 6 de cada 10 niños menoress de 2 años tienen una alimentación inadecuada debido a que se les suplementa la leche materna con alimentos ultraprocesados”, explicó el nutricionista Rubén Orjuela para la investigación.
¿Qué ha pasado en Colombia?
Con este panorama, en Colombia varias organizaciones sociales desde el 2016 empezaron a visibilizar esta problemática, con el objetivo de adoptar políticas públicas que promovieran el impuesto saludable y garantizaran el derecho a la salud de los colombianos, mitigando la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, que son consecuencia del consumo excesivo de productos no saludables o nutrientes críticos presentes en bebidas azucaradas, endulzadas y productos ultraprocesados.
