La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), en alianza con la firma Sectorial, presentó la última actualización del estudio de cartera de la industria farmacéutica en Colombia. Esta nueva medición, que recoge las cifras al cierre al cuarto trimestre de 2025, permite hacer seguimiento a la situación de morosidad en el sistema de salud y dimensionar el volumen de recursos que las compañías mantienen pendientes de recibir por medicamentos y tecnologías ya entregadas.
A diciembre de 2025, la cartera total de la industria alcanzó $4,75 billones, de los cuales $1,8 billones corresponden a cartera vencida, es decir, facturas que superaron los plazos de pago establecidos. Estas cifras reflejan una presión creciente sobre la liquidez del sector y evidencian que los retrasos en los pagos se han convertido en un problema estructural. Al comparar el cierre de 2024 con 2025 se evidencia claramente que los indicadores de vencimiento se deterioraron en 10 puntos.
El panorama continúa siendo alarmante:
• La cartera corriente representa el 66,69 % del total ($3,18 billones). Sin embargo, dentro de este monto, el 20,5 % ya presenta retrasos superiores a 121 días, incrementando el riesgo de impago.
• La cartera castigada —aquella considerada irrecuperable— pasó de 3,59 % en septiembre de 2025 a 6,53 % en diciembre del mismo año, duplicándose en tan solo tres meses.
• La rotación de cartera, es decir, el tiempo promedio que tarda el sistema en pagar sus obligaciones, se ubicó en 196 días, frente a 134 días en diciembre de 2024 y 125 días en diciembre de 2023. El aumento de este indicador refleja una profundización de los problemas de liquidez.
• Los gestores farmacéuticos concentran el 61% de la cartera total, con $2,9 billones, de los cuales $1,6 billones corresponden a cartera vencida.
• La cartera del canal institucional asciende a $3,4 billones a diciembre de 2025, de los cuales el 28,70 % son cartera vencida.
“Las cifras de esta actualización confirman que no estamos ante una coyuntura transitoria, sino frente a una asfixia financiera que se agrava trimestre a trimestre. El nivel de vencimiento de cartera pasó de 17,5% en diciembre de 2023 a 23,4 % en diciembre de 2024 y alcanzó 37,4 % en diciembre de 2025, lo que evidencia un deterioro progresivo en la capacidad de pago del sistema. Este aumento sostenido en la cartera vencida y castigada refleja una crisis de liquidez que dificulta la planeación operativa de todos los actores y pone en riesgo la continuidad en la prestación de servicios y el acceso oportuno a tratamientos para millones de pacientes”, resaltó Alejandro Escobar de Sectorial.
El informe también analiza el comportamiento del flujo de recursos hacia el sistema. Entre enero y octubre de 2025 se giraron $80 billones, lo que representa un crecimiento de 7,23 %, sin embargo, este es inferior a la media de años anteriores, que superaba el 10 %. Esta desaceleración en el flujo financiero ocurre en un contexto de creciente demanda de servicios.
Todo lo anterior se alinea con la advertencia contenida en el modelo econométrico de la Contraloría, que muestra cómo el riesgo de una crisis sistémica ha venido aumentando de manera sostenida: la probabilidad pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024 y podría alcanzar el 60,4 % en 2026. La evolución de la cartera, el crecimiento de la morosidad y la desaceleración en el flujo de recursos no solo reflejan tensiones financieras coyunturales, sino que materializan ese riesgo proyectado, confirmando que el sector enfrenta desequilibrios estructurales que requieren correcciones de fondo en beneficio de los millones de usuarios.
En ese escenario, uno de los factores que más ha profundizado la tensión financiera es la insuficiencia en el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), advertida desde años anteriores. Para 2026 se definió un incremento de 9,03 %, aunque distintos análisis técnicos estimaban que debía ser cercano al 15 % para cubrir los costos reales de la salud. Dado que la UPC y los presupuestos máximos determinan los recursos para financiar medicamentos, talento humano y prestadores, un ajuste por debajo de las necesidades genera un desfinanciamiento progresivo, cuyos efectos hoy se reflejan en mayores dificultades para garantizar atención oportuna.